El objetivo primordial de este documento de políticas es ofrecer recomendaciones a los gobiernos locales y nacionales sobre cómo abordar la informalidad en las ciudades. El presente documento de políticas se centra en las dos características básicas de la informalidad urbana: los asentamientos informales y el sector informal.
El presente documento de políticas se centra en las dos características principales de la informalidad urbana: los asentamientos informales, que proporcionan cobijo, y el sector informal, que genera la mayoría de los puestos de trabajo. Los asentamientos informales surgen por múltiples razones, entre las que se incluyen un rápido crecimiento urbano, unos gobiernos locales que no disponen de los recursos suficientes, una gobernanza débil y unas políticas urbanas deficientes. Si bien los retos que se plantea cada región difieren, en general los resultados son similares: ciudades ineficientes en lo que se refiere al espacio, unos altos índices de desigualdad socioeconómica, motivados por un acceso limitado a la tierra y a la vivienda, y unas infraestructuras y servicios municipales básicos. Asimismo, aparece el sector económico informal debido a una falta de oportunidades de empleo en el sector formal, a los prejuicios y la exclusión social, y a un desajuste entre la capacitación de la población activa y las oportunidades de trabajo.
La informalidad contribuye de forma decisiva a la aparición de unas economías prósperas, aunque impulsa a su vez la desigualdad socioespacial. Por tanto, entender y abordar la dinámica de la informalidad es un punto estratégico. Este documento de políticas ofrece a los gobiernos locales una hoja de ruta hacia unas nuevas asociaciones urbanas entre los gobiernos de las ciudades, el sector privado y la ciudadanía, y proporciona las bases para encontrar soluciones en todas las ciudades a los problemas estacionarios.
La informalidad goza de pleno reconocimiento a escala global, en especial por las agendas mundiales posteriores a 2015, en concreto por la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el clima y la Nueva Agenda Urbana. Esta última reconoce el papel que desempeñan los asentamientos informales y los medios de vida informales en las ciudades, en esencia porque ambos están interrelacionados y juntos engloban a comunidades vulnerables cuyo futuro decidirá si los estados miembros cumplen la promesa de «no dejar a nadie ni, de hecho, ningún lugar atrás».
Sin embargo, desde la aprobación de estas agendas mundiales, los avances han sido muy moderados, en el mejor de los casos. El Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de 2018 critica el hecho de que los sectores vulnerables siguen viéndose obligados a vivir en los asentamientos informales sin una tenencia segura del suelo ni unos servicios básicos, en unas condiciones vulnerables que son agravadas por catástrofes relacionadas con el cambio climático. El informe señala que «estas condiciones son insostenibles y son equiparables a violaciones de multitud de derechos humanos».
Esta situación pone de relieve los compromisos que adoptaron los estados miembros en la Nueva Agenda Urbana mediante el reconocimiento de la inclusividad y la toma de decisiones colectivas en la gobernanza urbana como punto de partida hacia unos asentamientos humanos resilientes y sostenibles. La agenda sostiene que unos asentamientos humanos que cumplen con su función social, como la función social y ecológica de la tierra, son inclusivos y garantizan la igualdad de derechos para las mujeres.
Si bien en los asentamientos informales suelen encontrarse los sectores de población más desfavorecidos, también están habitados por trabajadores de los servicios básicos, tales como policías, bomberos, maestros, enfermeras y funcionarios. La asequibilidad es cada vez más un tema que concierne no solo a las capas de población de rentas bajas, sino también a la clase media. Según la Recomendación 204 de la OIT, la mayor parte de estas personas se ven abocadas a la economía informal «no por decisión propia, sino de resultas de la falta de mejores oportunidades en la economía formal y de la ausencia de otros medios de vida». Dicha recomendación exige la transición gradual de los trabajadores y unidades económicas desde la economía informal a la formal, la protección de los medios de vida existentes, la creación de empresas y puestos de trabajo dignos en la economía formal y la prevención de la informalización en los empleos formales.
El Acuerdo de París sobre el cambio climático también reconoce la necesidad de «una transición justa de la población activa y la creación de unos puestos de trabajo dignos y de calidad» a fin de abordar los retos que plantea el cambio climático. El acuerdo también señala que las acciones que se han llevado a cabo para abordar el cambio climático deben tomar en consideración los derechos humanos, sobre todo los de «las capas de población que se encuentran en una situación vulnerable y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad intergeneracional». En consecuencia, los más vulnerables deben quedar resguardados de los efectos adversos del cambio climático.
Finalmente, la Agenda 2030 ha abordado las causas principales de la desigualdad socioespacial y económica a través del primer objetivo de desarrollo sostenible, cuyo propósito es erradicar la pobreza extrema, garantizar unos sistemas de protección social adecuados, la igualdad de derechos a los recursos económicos y los servicios básicos, y la tenencia y control sobre la tierra y otras formas de propiedad. El objetivo también incluye «el fomento de la resiliencia de los sectores pobres y de aquellos que se encuentran en una situación vulnerable y reducir su exposición y vulnerabilidad a fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y medioambientales». Entre otros ODS que abordan la informalidad, cabe citar el ODS 8, sobre el trabajo digno y el crecimiento económico; el ODS 10, sobre la reducción de la desigualdad, y el ODS 11, sobre una vivienda adecuada, segura y asequible. Estos objetivos pretenden garantizar y fomentar el bienestar de la población vulnerable.
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