Ciudades inclusivas y accesibles - CONGRESO CGLU / Eje Cabildo Público

La urbanización ofrece oportunidades para la inclusión social, y un acceso equitativo a los servicios y a los medios de vida, así como para motivar y movilizar a las poblaciones vulnerables en riesgo de exclusión, en especial al 25% de la población mundial que cada día se topa con dificultades para tener una participación significativa en las ciudades. El presente documento de políticas ofrece recomendaciones y unas acciones prioritarias para que los gobiernos locales y regionales y otros agentes en materia de urbanismo construyan ciudades para todos mediante la elaboración de políticas centradas en la no discriminación, la participación, la accesibilidad, políticas y programas urbanos inclusivos, y la capacidad de desarrollo. Incluye una hoja de ruta que tiene en cuenta asociaciones compuestas de múltiples partes interesadas, unos sistemas integrales de evaluación y la generación de datos desagregados para informar del desarrollo urbano inclusivo y supervisarlo.

Para poner en funcionamiento el principio de «no dejar a nadie atrás», los gobiernos locales y regionales deben estructurar sus políticas en torno a unos instrumentos de derechos humanos y marcos de desarrollo inclusivos, tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y el marco de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la OMS. Además de estos marcos, los gobiernos locales y regionales pueden formular sus objetivos a partir de seis pilares para la inclusión, a saber:

1. No discriminación: se basa en el principio de no dejar a nadie atrás. Una política urbana realmente inclusiva prioriza el acceso seguro, fácil y equitativo del conjunto de la población a las infraestructuras físicas, sociales y digitales en todos los objetivos y programas de planificación urbanística, a fin de garantizar el derecho a la ciudad en todos los entornos, con independencia del género, la edad y la discapacidad, y reconoce que todas las personas tienen derecho a la accesibilidad.

2. Participación: las prioridades de los gobiernos locales deben garantizar entornos en los que todas las partes interesadas puedan participar activamente, en especial agentes que se topan con barreras de actitud que limitan su participación, tales como personas con discapacidades y personas de edad avanzada, así como en la elaboración de políticas y programas de urbanismo y planificación inclusivos. Los programas participativos deben garantizar la igualdad socioeconómica a través de programas inclusivos de educación, prácticas de contratación y un empleo legal, digno y productivo.

3. Accesibilidad: la implementación de políticas de estrategias urbanas y rurales debe priorizar la accesibilidad como un mecanismo cuantificable para garantizar la participación y los entornos no discriminatorios. Priorizar la accesibilidad constituye un primer paso para abordar y resolver el problema de las barreras en el entorno físico, digital y social de las ciudades; una segunda medida será la realización de los cambios pertinentes de modo que todas las personas puedan acceder a las herramientas e información necesarias para entender y ejercer sus derechos, entre ellos participar en la vida pública. Ello incluye la prestación de servicios y herramientas inclusivos para facilitar el acceso a instalaciones y espacios públicos, datos, sitios webs y servicios en línea. 6 #CitiesAreListening

4. Políticas y programas urbanos inclusivos: los gobiernos locales y regionales deben llegar a un consenso para establecer unos principios a nivel regional, nacional e internacional basados en normativas y legislaciones sobre accesibilidad, como por ejemplo la Guía para considerar la accesibilidad de las normas (norma guía UNIT-ISO/IEC 71:2014), la norma UNE-ISO 21542 y las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0. Estas normas constituyen un sólido punto de partida para fijar unas directrices técnicas. Toda interpretación de las normas debe estar por encima de la base de referencia y, para llevarse a cabo, se debe consultar directamente a organismos responsables y a la sociedad civil, en especial personas con discapacidades y personas de edad avanzada.

 5. Creación de capacidades: los gobiernos locales y regionales deberían fortalecer la capacidad de la comunidad para involucrarse directamente en esfuerzos dirigidos a la mejora de la calidad y accesibilidad de los servicios mediante el fomento, el desarrollo y el despliegue de las capacidades que aumentan la influencia de la sociedad civil en la creación de procesos de gobernanza inclusivos y en la protección de derechos humanos en la toma de decisiones a nivel urbano y territorial. Parte de esta capacitación incluye apoyar de forma activa programas y la investigación, mediante colaboraciones con universidades y organizaciones no gubernamentales, que pretendan desarrollar y mejorar unos mecanismos tecnológicos accesibles para compartir e intercambiar información, conocimientos, pericia, formación y movilidad.

 6. Datos para el desarrollo: con vistas a diseñar de forma eficaz unos programas en el futuro y a supervisar los ya existentes, los gobiernos locales y regionales deben facilitar y usar pruebas empíricas y datos inclusivos para entender y abordar de forma sistemática las barreras que limitan la inclusión y accesibilidad. Los datos inclusivos están desagregados por género, edad, tipo de discapacidad, ingresos, situación geográfica y condición migratoria, junto con otras características que conciernen al contexto local. La desagregación debería realizarse en todas las dimensiones del programa: en la elaboración de unos criterios básicos y durante la fase de implementación y evaluación. Los gobiernos locales y regionales deben promover y usar datos para informar de las planificaciones actuales y futuras, con el propósito de construir la ciudad a partir de un conocimiento compartido y de las mejores prácticas en ámbitos como el diseño universal y ciudades amigables con las personas mayores, comparando datos generados tanto a nivel local como internacional.